Embargo y
secuestro de bienes como medida cautelar
El
embargo y secuestro de bienes se decreta como medida cautelar en favor del
acreedor que demanda el pago de una deuda, como una medida para garantizar su
pago.
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Tabla de contenido
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Concepto de embargo y secuestro.
El embargo es una medida judicial
que se toma para saca
Finalidad del embargo y secuestro
de bienes.
Como ya se indicó, el objetivo al decretar el embargo y secuestro de
bienes del demandado es garantizar el pago de la deuda o el cumplimiento de la
obligación reclamada.
Si el demandado no paga, si no cumple con la obligación demandada,
entonces los bienes embargados son rematados para pagar al acreedor. Además, el
embargo busca evitar que el deudor defraude al acreedor vendiendo o simulando
la venta sus propiedades para evitar que el acreedor cobre su crédito.
Orden de embargo y secuestro.
Presentada la solicitud de medidas cautelares por el demandante, si el
juez lo encuentra procedente libará la orden de embargo y oficiará a las
distintas entidades encargadas de materializar el embargo como bancos,
empleadores, oficina de registro, etc. Estas entidades tienen la obligación de
acatar la orden de embargo y proceder según les corresponda a cada una.
Casos en que se decreta el
embargo y secuestro de bienes.
El embargo y secuestro es de decretado por ejemplo en los procesos
ejecutivos en cobro de deudas u obligaciones, o en los procesos de divorcio
sobre bienes que pueden que puedan ser objeto de gananciales. En el caso de los
procesos ejecutivos que son los más comunes, el juez decretará el embargo y
secuestro de los bienes del demandado si encuentra que la obligación o deuda
reclamada está respaldada en un título ejecutivo o documento que preste mérito
ejecutivo.
Por lo general todo demandante
en un proceso ejecutivo solicita el embargo y secuestro de los bienes del demandado.
Notificación del embargo y secuestro.
La orden de embargo y
secuestro no se notifica como tal al demandado, por la sencilla razón de evitar
que pueda enajenar los bienes que se pretenden embargar en caso de ser avisado
antes de ejecutar el embargo. El inciso primero del artículo 298 del código
general del proceso señala:
«Las medidas cautelares se
cumplirán inmediatamente, antes de la notificación a la parte contraria del
auto que las decrete…» Se trata de no poner sobre aviso al demandado, de manera
que este sólo se entera del embargo cuando le es notificado el mandamiento de
pago.
Recursos contra la orden de embargo y secuestro.
La ley no considera ningún recurso contra la orden de embargo y secuestro,
de manera que el demandado tendrá que enfrentar el proceso.
Tan es así que el artículo 298 del código general del proceso señala:
«La interposición de cualquier
recurso no impide el cumplimiento inmediato de la medida cautelar decretada…»
Por ejemplo, en el caso de un proceso ejecutivo donde se puede interponer
el recurso de reposición contra el mandamiento de pago o presentar las
excepciones de mérito, ello no hará que el embargo se levante, sino hasta la
culminación del proceso.
Lo único que puede hacer el demandando es presentar caución o garantía en
los términos del artículo 602 del CGP, para conseguir que se levanten los
embargos y secuestros, y esa caución debe ser igual al 150% de la obligación reclamada,
pero ello no es un recurso sino una especie de sustitución de garantía, donde
la obligación queda garantizada por la caución y no por las propiedades del
ejecutado.
Cuando se han embargado bienes o derechos inembargables procede de forma
excepcional una acción de tutela, y en ocasiones cuando el juez es advertido de
la ilegalidad del embargo, de oficio puede revocarlo.
Bienes y propiedades que se pueden embargar.
Por regla general todas los bienes y derechos propiedad del ejecutado
pueden ser embargados, excepto aquellos que la ley expresamente ha excluido o
considerado como inembargables.
Se pueden embargar salarios, honorarios, arrendamientos, cuentas
bancarias, acciones, establecimientos de comercio, inmuebles, vehículos e
incluso posesiones.
Bienes y
derechos inembargables.
Respecto a los bienes inembargables señala el artículo 1677 del código
civil colombiano:
- El salario
mínimo convencional.
- El lecho del
deudor y el de su familia, la ropa.
- Los libros de la
profesión del deudor.
- Los instrumentos
utilizados para la enseñanza de algún arte o ciencia.
- Los uniformes o
equipos de los militares.
- Los utensilios
necesarios para el trabajo del deudor.
- Los alimentos y
combustibles para el consumo durante un mes.
- La propiedad de
los objetos que el deudor posee fiduciariamente.
- Los derechos
cuyo ejercicio es personal, como el de uso y habitación.
Por su parte el artículo 594 del código general del proceso, mucho más
ajustado a la realidad actual, considera como inembargables los siguientes
bienes y derechos:
- Los
bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la
Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general
de participación, regalías y recursos de la seguridad social.
- Los
depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito, en el
monto señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de créditos
alimentarios.
- Los
bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando este
se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden,
o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera
parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de
embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.
- Los
recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para
el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en
desarrollo de las mismas.
- Las sumas que para la construcción de
obras públicas se hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades
de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere
concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en
favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones.
- Los salarios y las prestaciones sociales
en la proporción prevista en las leyes respectivas. La inembargabilidad no
se extiende a los salarios y prestaciones legalmente enajenados.
- Las condecoraciones y pergaminos
recibidos por actos meritorios.
- Los uniformes y equipos de los
militares.
- Los terrenos o lugares utilizados como
cementerios o enterramientos.
- Los bienes destinados al culto religioso
de cualquier confesión o iglesia que haya suscrito concordato o tratado de
derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado
colombiano.
El
televisor, el radio, el computador personal o el equipo que haga sus veces, y
los elementos indispensables para la comunicación personal, los utensilios de
cocina, la nevera y los demás muebles necesarios para la subsistencia del
afectado y de su familia, o para el trabajo individual, salvo que se
trate del cobro del crédito otorgado para la adquisición del respectivo bien.
Se exceptúan los bienes suntuarios de alto valor.
11.
El combustible y los artículos alimenticios para
el sostenimiento de la persona contra quien se decretó el secuestro y de su
familia durante un (1) mes, a criterio del juez.
- Los derechos personalísimos e
intransferibles.
- Los derechos de uso y habitación.
- Las mercancías incorporadas en un
título-valor que las represente, a menos que la medida comprenda la
aprehensión del título.
- Las dos terceras partes de las rentas
brutas de las entidades territoriales.
Además de lo anterior no se pueden embargar los inmuebles sobre los que se
ha constituido patrimonio de familia o aquellos con afectación a vivienda
familiar. Respecto al embargo de salarios donde el salario mínimo es
inembargable, se debe considerar que la regla del mínimo convencional se debe
aplicar también los otros tipos de remuneración por el trabajo personal, como
es el caso de los honorarios y las compensaciones que pagan las cooperativas a
sus asociados.
Frente a estos ingresos se debe respetar el mínimo vital, lo que obliga a
verificar que el concepto embargado no sea la única fuente de ingresos del
ejecutado, según reiterada jurisprudencia de la Corte constitucional en
sentencias de tutela.
Levantamiento
del embargo y secuestro.
Una vez decretado el secuestro y embargo de los bienes del ejecutado o
demandado, el embargo y secuestro sólo puede ser levantado en los términos del
artículo 597 del código general del proceso:
Si se pide por quien solicitó la medida, cuando no haya
litisconsortes o terceristas; si los hubiere, por aquel y estos, y si se
tratare de proceso de sucesión por todos los herederos reconocidos y el cónyuge
o compañero permanente.
- Si se desiste de
la demanda que originó el proceso, en los mismos casos del numeral
anterior.
- Si el demandado
presta caución para garantizar lo que se pretende, y el pago de las costas.
- Si se ordena la
terminación del proceso ejecutivo por la revocatoria del mandamiento de
pago o por cualquier otra causa.
- Si se absuelve
al demandado en proceso declarativo, o este termina por cualquier otra
causa.
Si el demandante en proceso
declarativo no formula la solicitud de que trata el inciso primero del artículo
306 dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia
que contenga la condena.
5.
Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando
del certificado del registrador aparezca que la parte contra quien se profirió
la medida no es la titular del dominio del respectivo bien, sin perjuicio de lo
establecido para la efectividad de la garantía hipotecaria o prendaria.
- Si un tercero poseedor que no estuvo
presente en la diligencia de secuestro solicita al juez del conocimiento,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la práctica de la diligencia,
si lo hizo el juez de conocimiento o a la notificación del auto que ordena
agregar el despacho comisorio, que se declare que tenía la posesión
material del bien al tiempo en que aquella se practicó, y obtiene decisión
favorable. La solicitud se tramitará como incidente, en el cual el
solicitante deberá probar su posesión.
- Si el incidente se decide
desfavorablemente a quien lo promueve, se impondrá a este una multa de
cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales.
- Cuando exista otro embargo o secuestro
anterior.
- Cuando pasados cinco (5) años a partir
de la inscripción de la medida, no se halle el expediente en que ella se
decretó. Con este propósito, el respectivo juez fijará aviso en la
secretaría del juzgado por el término de veinte (20) días, para que los
interesados puedan ejercer sus derechos. Vencido este plazo, el juez
resolverá lo pertinente.
- Cuando el embargo recaiga contra uno de
los recursos públicos señalados en el artículo 594, y este produzca
insostenibilidad fiscal o presupuestal del ente demandado, el Procurador General de la Nación, el Ministro del respectivo ramo, el Alcalde, el Gobernador o el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, podrán solicitar su levantamiento.
En un proceso ejecutivo normal,
el embargo se levanta cuando el demandado desiste de la demanda, cuando el
demandado satisface el pago o la obligación, cuando presenta caución, o cuando
prosperan las excepciones contra el mandamiento de pago, es decir, cuando el
demandado gana la demanda.
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