Cursa una peligrosa propuesta que permite que se les den incentivos a los
funcionarios de la Dian en función de lo que recauden del contribuyente en los
procesos de fiscalización.
Se les pagará una comisión por los impuestos, sanciones e intereses que le
hagan pagar a un contribuyente en un proceso de fiscalización. En el proyecto
de reforma tributaria que cursa en estos momentos en el congreso, hay una
proposición que puede resultar siendo perversa y propiciadora de la corrupción,
de los abusos y atropellos.
En el artículo 85 del proyecto de ley se lee lo siguiente:
«En desarrollo del presente artículo el Gobierno nacional, entre otros,
deberá ampliar la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN, soportado en un estudio técnico presentado a consideración
del Gobierno nacional; y podrá adoptar las decisiones sobre bonificación de
localización y las que surjan de la revisión que se deberá efectuar sobre los
incentivos al desempeño que son reconocidos a los funcionarios de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN como herramienta para el logro de
resultados óptimos de la gestión Institucional a través de sus servidores
públicos.»
De aprobarse esa propuesta, los funcionarios de la Dian recibirán una
comisión sobre el monto que recauden en los procesos de fiscalización, lo cual
será un incentivo poderoso para que estos abusen del contribuyente, pues entre
más le hagan pagar, más alta será su comisión.
La Dian es conocida por sus actuaciones
desproporcionadas con algunos contribuyentes, por sus interpretaciones
doctrinarias restrictivas en su propio favor, y si eso lo hacen como
institución, al aprobarse tal proposición, cada funcionario, de forma
individual, estará tentado a torcer la ley para mejorar su paga mes a mes.
Con una propuesta de este tipo sucederá lo mismo que sucede con los
comparendos de tránsito y las foto multas, donde se han cometido abusos y
atropellos debido a que hay particulares que entre «más jodan» al ciudadano,
más ganan ellos, y esa lógica ha sido la que ha impulsado la corrupción en
nuestro país a niveles ya intolerables.
Suficiente tiene el contribuyente con una carga tributaria excesiva como
para tener que sufrir a un funcionario ávido de dinero, pues este ya no actuará
bajo el espíritu de justicia, sino bajo su propio interés económico particular.
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